LA HISTORIA DEL NARCO MILLONARIO QUE PONÍA SU SELLO EN CADA CARGAMENTO DE DROGA

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El rasgo característico de los cargamentos que Wilson Maldonado Balderrana enviaba a la Argentina desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, era que para garantizar la calidad de la droga cada ladrillo de cocaína tenía grabada la letra W.

Ese sello había aparecido en secuestros de grandes cantidades de droga en operativos en Rosario, Córdoba y el conurbano bonaerense. También en los panes de cocaína que desde una avioneta “bombardeaban” en la zona de Anta y Metán, en Salta. Y en otro lugar llamativo, según la causa judicial, en la agenda de papel del expresidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, en Salta, Alejandro Maurín, que fue condenado a 14 años de prisión en septiembre de 2018. El que no aparecía nunca tras las rejas era el dueño de los cargamentos, el magnate boliviano Wilson Maldonado Balderrama, un hombre de 62 años que había acumulado una enorme fortuna y no hacía ningún esfuerzo por ocultarla en Bolivia, donde tiene varias estancias, una red de estaciones de servicio, haras de caballos árabes, y sobre todo contactos con la justicia.

El martes pasado Interpol detuvo a Maldonado Balderrama en Santa Cruz de la Sierra, y como pesa un pedido de extradición a la Argentina desde 2016, por ahora la justicia boliviana decidió iniciar los trámites para que este hombre pueda ser juzgado en Salta. El juez federal Julio Bavio confirmó a Aire de Santa Fe que Maldonado Balderrama fue enviado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, a la espera de que la Cancillería argentina inicie los trámites de extradición. La notificación de la detención de este “magnate” de la cocaína sorprendió a las autoridades argentinas, porque Bolivia no era partidario históricamente de autorizar las extradiciones de sus conciudadanos involucrados en narcotráfico.

Esta postura no sólo había ocurrido con Maldonado Balderrama sino también con otro proveedor de cocaína como es el caso del empresario del transporte José Luis Sejas Rosales. Cuando Argentina pidió su extradición por 11 causas en su contra en Bolivia los fiscales de Santa Cruz de la Sierra iniciaron un proceso por lavado de activos. Con Balderrama ocurrió lo mismo, cuando Argentina pidió su extradición las autoridades bolivianas lo detuvieron por lavado de activos. En la justicia federal Argentina se interpretó que era una forma de bloquear la extradición de estos peces gordos del narcotráfico. Trece días después de que Interpol pusiera a Maldonado Balderrama con el sello rojo en la lista de los prófugos más requeridos en 2016, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia detuvo al empresario de 63 años, oriundo de Villa Montes, Tarija.

Chichín, como llaman en Bolivia al empresario boliviano, fue detenido en ese momento en la casa de su madre en el barrio de Los Chacos. Las fuerzas de seguridad allanaron siete propiedades de Balderrama valuadas, según la fiscalía de Tarija, en 2,7 millones de dólares. Maldonado Balderrama tiene un largo historial en Argentina, luego de que fue detenido en Buenos Aires con 27 kilos de cocaína en 1993. Su caso es recordado por los abogados penalistas porque marcó a fuego la jurisprudencia, con la causa 24/93 “Maldonado Balderrama, Wilson y otros s/ inf. ley 23.737″. La Corte Suprema de la Nación terminó por absolverlo cinco años después del procesamiento por deficiencias en la instrucción.

A este hombre vinculado al negocio del combustible y la madera, como así también los caballos y el tráfico de cocaína, la justicia boliviana le abrió una causa por “legitimación de ganancias” (lavado de dinero) para determinar si los bienes que se secuestraron fueron originados con actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. El otro ejemplo que es casi idéntico al de Maldonado Balderrama es el del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales. Ambos comparten haber sido también favorecidos por la justicia argentina, en tiempos en que el exjuez Raúl Reynoso ocupaba el juzgado federal de Orán.

Maldonado Balderrama está involucrado en la causa llamada febrero blando. En ese expediente fue sentenciado a 14 años de prisión el ex presidente del Concejo Deliberante Alejandro Maurín. En el juicio fue clave el testimonio del gendarme Mario Benítez, que contó que en la casa de un acusado secuestraron tres celulares, uno de ellos satelital, y documentación de una avioneta boliviana en la que aparentemente transportaban la droga del vecino país y que les proveía Maldonado Balderrama. Ese testimonio reforzó los argumentos del fiscal Carlos Amad de que la cocaína con el sello de la W ingresada desde Bolivia en vuelos clandestinos y que los cargamentos eran arrojados en el departamento Anta, particularmente en la finca Los Rosales, done era acondicionada para luego distribuirse en los grandes centros urbanos del país. En mayo de 2019 fue detenido en Santa Cruz de la Sierra otro eslabón clave de esta organización: el exconcejal del Frente Grande Mauricio Gerónimo. Maldonado Balderrama es contratista del Estado en varios rubros en Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Su fuerte es la comercialización de combustible, a través de Coseca SRL, pero también posee firmas que se dedican a la obra pública, con la compañía Maldonado y la Asociación Accidental Carapari, con las que obtuvo licitaciones a pesar del pedido de extradición en su contra. A la par, es el fundador del club hípico de Villa Montes, donde Maurín, además de concejal es veterinario, lo conoció por su hobby de los caballos de carrera.

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